DIARIO ABC COMPRUEBA EXISTENCIA DE TERRORISMO DE ESTADO MANEJADO POR EL GOBIERNO EN PARAGUAY
El Diaro ABC Color en una investigación periodística publicada entre el 30 setiembre y el 6 octubre 2002 ha comprobado que a partir del 1999 existe en Paraguay un cuerpo "parapolicial" de elite. El mismo está conformado por el propio Presidente de la República Luís González Macchi y coordinado por el Fiscal General del Estado Oscar Latorre. El cuerpo parapolicial tiene como propósito llevar adelantes actividades ilegales en el territorio paraguayo y en el exterior al fin de amedrentar y callar toda oposición política al gobierno, principalmente el oviedismo. Fue este grupo que en enero del 2002 secuestró y torturó Juan Arrom y Anuncio Martí.
Recopilamos integralmente la investigación publicada en el matutino.
¿UNA NUEVA VERSIÓN
DE LA OPERACIÓN CONDOR?
Por Hugo Ruiz Olazar
(Fuente ABC Color - 30/09 - 1-2-3-4-6/10 de 2002)
PARTE 1
PRESIDENTE GONZÁLEZ MACCHI CONFORMÓ GRUPO PARAPOLICIAL PARA CAPTURAR A OVIEDO EN BRASIL
El presidente Luis González Macchi conformó un grupo parapolicial, "de élite", bajo el liderazgo de Nelson Argaña, para incursionar en forma clandestina en territorio brasileño, reveló en su confesión el policía civil Javier Cazal.
El citado grupo también realizó operaciones en la Argentina desde mayo de 1999, con el objetivo de prender a Lino Oviedo, sin el control de las autoridades de ese país. El grupo recibió colaboración no oficial, no legal, de policías de los países vecinos, lo que induce a sospechar de la existencia de una nueva red clandestina internacional al estilo de la Operación Cóndor.
Javier Cazal afirmó en su testimonio ante la justicia policial, con motivo de la investigación del supuesto golpe del 18 de mayo de 2000 -poco conocido hasta hoy-, que el Presidente de la República conformó un equipo para la ubicación y captura de Lino Oviedo en territorio brasileño y que quien lideraba el grupo era el entonces ministro de Defensa Nelson Argaña.
Indicó además que conformaban el grupo, él mismo y el mayor Mario Restituto González, entonces jefe de seguridad del Ministerio de Defensa, el hoy fiscal general del Estado Oscar Germán Latorre, Lincoln Alfieri (embajador en Sudáfrica), el Subcrio. Antonio Saturnino Gamarra, entre otros, porque este último posee nexos muy importantes en el Brasil con la Policía Civil, ya que había realizado muchos trabajos particulares para ellos.
Según Cazal, la amistad del Subcrio. Gamarra con gente de la Policía Civil brasileña permitió que el grupo parapolicial paraguayo pudiera operar libremente -aunque ilegalmente- en territorio brasileño, a espaldas de las autoridades del país vecino.
Sus declaraciones sobre el caso del supuesto golpe de mayo de 2000 fueron registradas el 13 de junio de 2000 ante el juez instructor de sumarios del cuarto turno, comisario Carlino Troche Bogado, en presencia del fiscal general de juzgados, comisario Simón Bogado, y el procurador adjunto de la Procuraduría General de la República, Dr. Francisco Recalde.
Las mismas revelan tangencialmente la existencia de colaboraciones clandestinas entre policías de la región como fue en el pasado la tenebrosa Operación Cóndor.
Con naturalidad, Cazal relata en un pasaje de su testimonio que "el equipo conformado por el mayor Mario Restituto González y yo estábamos en el Brasil realizando procedimientos..." clandestinos para capturar (¿o eliminar?) a Oviedo, sin ningún aval de las autoridades del país vecino, avasallando la soberanía brasileña.
Tras el fallecimiento del Dr. Luis María Argaña, Cazal fue jefe de seguridad de la Vicepresidencia de la República, cuya infraestructura habría sido utilizada abiertamente para el espionaje visual y telefónico, y la persecución de los catalogados como enemigos del régimen.
La victoria de Julio César Franco en las elecciones vicepresidenciales en agosto de 2000 los obligó a trasladar su puesto de comando al denominado Centro de Investigación Judicial (Latorre lo nombró director), hasta que el sonado caso Arrom y Martí descubrió en enero de este año su carácter clandestino, al margen de la ley.
En su declaración, Cazal manifiesta que en mayo de 1999 fue designado como uno de los integrantes del equipo que conformó el Presidente para ubicar y detener a los asesinos del Dr. Argaña, "teniendo en cuenta que tenían información de que personal de la Policía estaba también realizando las tareas para ubicar a esa gente".
La ley establece que una detención solamente debe realizarse por orden judicial cuando no existe flagrancia y solamente a cargo de la Policía. Más grave aún es su confesión de que este grupo realizaba "procedimientos" en territorio argentino y brasileño, dando pie a sospechar que se trata de un nuevo intento de reeditar la tenebrosa Operación Cóndor de los años setenta.
Casualmente, los actuales administradores del Ejecutivo, que no fueron electos para el cargo, son ex componentes de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuyo alto protagonismo en el tráfico de prisioneros políticos -muertos o desaparecidos- se halla plenamente comprobado.
PARTE 2
OPERATIVO ILEGAL EN TERRITORIO ARGENTINO
Javier Cazal, el policía de civil de extrema confianza del presidente Luis González Macchi, del que fue ministro de Defensa Nelson Argaña, relató en su confesión a un juzgado policial en junio de 2000 que uno de sus principales sostenes en el comando "de élite" conformado para operar en territorio brasileño y argentino, el subcomisario Saturnino Gamarra, realizaba trabajos particulares para la policía civil brasileña, presuntamente sin conocimiento de las autoridades del país vecino, por lo que el grupo pudo operar libremente "en retribución" por los trabajos realizados por el policía paraguayo para ellos.
El agente especial relató que en base a las informaciones que le proporcionaron sus "compañeros" Gamarra y el suboficial Agustín Ríos, viajó a Buenos Aires para investigar y seguir a los supuestos asesinos del Dr. Argaña, "logrando la ubicación y el arresto de la gente" (en referencia a Luis Rojas y Fidencio Vega).
"En base a los datos proporcionados por el subcomisario Saturnino Gamarra, personalmente viajé a Buenos Aires para realizar la tarea de ubicación y arresto de la gente...", precisó Cazal en un pasaje de su declaración ante el juez instructor de sumarios del Cuarto Turno de la Policía, comisario Carlino Troche Bogado, un testimonio muy poco conocido hasta hoy, declaración que devela la actividad clandestina del grupo en cuestión.
Cazal fue interrogado con motivo del supuesto golpe de mayo de 2000 en un sumario policial -que no se publicitó en su momento- para defender a Gamarra, en ese entonces incriminado por el ministro del Interior, Wálter Bówer, que lo denunció por intento de secuestro.
En otro punto de su declaración precisa Cazal: "El Presidente de la República conformó un equipo para la ubicación y captura de Lino César Oviedo. El que coordinaba el grupo era el ministro de Defensa (Nelson Argaña), integrando el equipo el mayor Mario González, jefe de Seguridad del Ministerio de Defensa, y el suscripto. Como se necesitaba un nexo con la policía civil del Brasil, en conocimiento de que el subcomisario Saturnino Gamarra había realizado trabajos con los mismos, personalmente le solicité que viajara conmigo a la ciudad de Foz de Yguazú, a fin de realizar los contactos preliminares tendientes a lograr la colaboración de la Policía Civil (brasileña). Esto ocurrió en fecha 14 y 15 de mayo de 2000".
El comando "de élite" no era otra que la agrupación parapolicial que comenzó a operar, sin la más mínima instrucción ni experiencia, bajo la orden de Argaña, que habría sido consentida por el propio juez -también especial- Jorge Bogarín y cuya función era claramente política, para ajustar "las piezas del rompecabezas" a la medida y gusto de los que estaban tejiendo la historia oficial destinada a atrapar o eliminar a sus enemigos políticos.
Por la facilidad encontrada en sus incursiones por los territorios de los países vecinos, bien pudo darse el caso de que el grupo obtuviera el concurso de agentes parapoliciales y militares argentinos, para los "trabajos conjuntos a modo de retribución", parecido al Operativo Cóndor, para ubicar y detener a los supuestos magnicidas, como Luis Rojas y Fidencio Vega.
En un punto de su declaración, Cazal reveló que el subcomisario Gamarra le adelantaba lo que ocurriría el 18 de mayo de 2000, es decir, la comedia del supuesto golpe contra González Macchi. Ambos respondían únicamente a González Macchi, Argaña o el abogado de este, el hoy fiscal general del Estado Oscar Latorre, a juzgar por sus declaraciones.
Destacó también Cazal que las directivas emanadas de González Macchi y Nelson Argaña consistían en que, para cualquier dato, el Sub Crio. Antonio Saturnino Gamarra, con el celular 0971-225 673, debía ponerse en contacto con él celular 0971-263 940, y en caso de que no lo ubicara, tenía como alternativa comunicarse con el mayor Mario Restituto González al celular 0971-281 560, el Cap.Corb. Oscar Gómez (edecán naval del Ministro de Defensa) o con el Dr. Oscar Latorre (abogado de los Argaña), facilitándosele los números telefónicos de todos ellos.
Manifestó que él mismo dio directivas al capitán Oscar Gómez, para que comunique en la mañana del 18 de mayo de 2000 al entonces ministro del Interior, Wálter Bówer, que el subcomisario Gamarra sería el que lo protegería, ya que era supuestamente una de las personas que serían secuestradas por los oviedistas.
Reveló por otro lado Cazal que participó de la detención ilegal de militares de Caballería en la propia División, la madrugada del 19 de mayo de 2000, junto con el mayor Mario Restituto González, después de retornar ambos de Foz, donde habían estado espiando al general Oviedo.
El poderoso grupo en cuestión realizaba tareas propias del ámbito judicial, policial y militar, de manera totalmente arbitraria e ilegal.
En otro pasaje de su declaración, Cazal se jactó de llevar al Brasil, "en propias manos", una orden de Interpol para capturar a Oviedo, cuando que cualquier orden de captura internacional se procesa vía Poder Judicial y Cancillería.
Dijo que el 19 de mayo, "estando en la Primera División de Caballería, recibimos la orden de partir nuevamente ya con orden de Interpol, con Gamarra, a quien se le ordenó que se presentara en el Grupo Aerotáctico de las FFAA a fin de trasladarnos a Foz de Yguazú", para capturar a Oviedo. Agregó que no se pudo llevar a cabo la operación porque la orden no tenía validez en Brasil.
Antes de cerrar su testimonio, Javier Cazal afirmó que le constaba fehacientemente que González Macchi estaba al tanto de las tareas desplegadas por Gamarra, dentro del grupo ya que a él (Cazal) le pasaba la información y también el embajador Lincoln Alfieri (hoy embajador en Sudáfrica), "quien es la persona de confianza del señor Presidente de la República".
El hoy fiscal general del Estado, Oscar Latorre, siendo apenas el abogado de la familia Argaña en ese entonces, recibía informes de policías, militares y civiles ligados al entorno del poder, no solamente sobre las supuestas actividades del general Lino Oviedo, sino de sus seguidores. Los Argaña habían ofrecido 100 mil dólares de recompensa por el ex jefe del Ejército y ex candidato presidencial.
Latorre se prestó a incriminar, procesar y hasta a condenar a gente inocente, en base a testigos falsos y hasta de un asesino autoconfeso, antes de recibir el premio de jefe de la fiscalía.
El mismo grupo ha aparecido constantemente desde 1999 en los casos más sonados: el subcomisario Gamarra, Javier Cazal, el hoy teniente coronel Mario Restituto González, el mayor de aviación Enrique "Kike" Sarubbi (Kike Flores), Lincoln Alfieri y el teniente coronel Lugo, entre otros.
PARTE 3
DESAVENENCIAS ENTRE NELSON ARGAÑA Y BOWER DEVELARON INCURSIONES CLANDESTINAS EN EL EXTERIOR
Luego de la comedia del golpe de Estado de mayo del 2000, un "reality show" que nunca prendió en la opinión pública nacional e internacional, se produjeron serias desavenencias entre los ministros Walter Bower y Nelson Argaña, que se disputaban el castigo (el primero) y la defensa (el segundo) del subcomisario Saturnino Gamarra.
Bower ordenó sumariar y dar de baja al citado oficial. Nelson Argaña hizo una encendida defensa de su "agente especial" tras asegurar que estaba bajo su tutela.
Bower ganó el primer round al conseguir que González Macchi le firmara el decreto de su pase a retiro.
El entonces ministro de Defensa no se quedó con los brazos cruzados e intimó al Presidente a reincorporar a su "agente" con la advertencia de que podía retirarle su apoyo y el de su -hasta ese momento- influyente clan familiar.
Como es su costumbre, el gobernante borró su decreto anterior y firmó otro, el de la reincorporación a las filas policiales de Gamarra.
La grotesca historia inventada del putsch militar, que sirvió una vez más para perseguir a centenares de policías, militares y civiles inocentes, marcó, por otro lado, el origen de la fractura interna del grupo dominante.
Dando pruebas de su poder sobre la Policía, Bower ordenó sumario a todos los involucrados, especialmente de Gamarra, de cuya documentación es posible conocer de las operaciones parapoliciales al estilo de la Operación Cóndor que tuvieron lugar, en este caso, para perseguir, violentar la intimidad y hasta -por qué no- buscar la eliminación de Oviedo y sus seguidores.
Es evidente que el entonces ministro del Interior Walter Bower estaba ya en ese entonces fuera del entorno del poder y no tenía conocimiento de todas las farsas que se venían fraguando desde el Ministerio de Defensa.
No sabía, por ejemplo, que el subcomisario Gamarra era el que supuestamente estaba como infiltrado entre los "conspiradores" y que se ofrecería para "arrestarlo" la noche del 18 de mayo del 2000.
Menos aun sabía que el policía recibía órdenes directas de González Macchi, Alfieri, Argaña, Cazal, el mayor Mario Restituto González, el edecán capitán Gómez, Lugo, Sarubbi y otros, en la "investigación del magnicidio".
Su tardío descubrimiento de la trama le provocó una reacción violenta que lo impulsó a arrestarlo y sumariarlo.
Ahí se produjo el cortocircuito con Nelson Argaña. Este último salió ganancioso de la pulseada y lo humilló al lograr la libertad del policía y su reincorporación al cuadro activo.
Tanto el mayor Restituto González como Javier Cazal conversaron con Nelson Argaña para que cesara el arresto que pesaba sobre Gamarra, y el entonces ministro de Defensa "comisionó ante el ministro del Interior al edecán naval Gómez para intermediar".
Incluso González manifestó que el día 18 de mayo del 2000 se comunicó telefónicamente con el edecán capitán Gómez, para que le confirmara si le advirtió o no al ministro del Interior que Gamarra le protegería, ofreciéndose para "arrestarlo". Confirmó que le llegó el mensaje, porque el capitán Gómez conversó con el comisario Agüero, "quien estaba con Bower en el domicilio de Gabriel Chase".
De estas manifestaciones es fácil colegir que la historia del supuesto intento de golpe de Estado de mayo del 2000 fue una farsa montada en las "altas esferas del poder" al decir del mismo Javier Cazal.
El mayor Mario Restituto González Benítez fue ascendido y hoy ostenta el grado de teniente coronel diplomado de Estado Mayor, que solamente logran aquellos que realizan el riguroso curso de dos años de duración. No prestaba, sin embargo, servicios en la esfera castrense.
De acuerdo con su propio testimonio (13 de junio del 2000 ante la justicia policial), desde la entronización de González Macchi como presidente, su actividad se circunscribió al grupo de "élite" organizado por el gobernante, bajo el liderazgo de Nelson Argaña, dirigido por Oscar Latorre y comandado por Javier Cazal, para perseguir a Oviedo y los "magnicidas".
Al igual que sus compañeros de equipo, hoy está procesado por secuestro y tortura de los activistas políticos Arrom y Martí, aunque no fue molestado por los responsables de esta pesquisa.
Los recursos del Estado se vertieron generosamente para financiar el grupo parapolicial y militar.
Javier Cazal era jefe de seguridad de la Vicepresidencia, con rango de director, cuando ni siquiera había un vicepresidente.
El mayor Mario Restituto González fungía de jefe de seguridad del Ministerio de Defensa.
El capitán de corbeta Oscar Gómez era su edecán naval. El subcomisario Saturnino Gamarra, el mayor Enrique "Kike" Sarubbi Flores y el mayor Lugo y otros tenían el rango (?) de "colaboradores cercanos".
En testimonio ante la Justicia Policial, el 13 de junio del 2000, el abogado de los Argaña y hoy fiscal general del Estado Oscar Germán Latorre Cañete admitió que Cazal se encontraba en Foz en la tarea de localización de Lino Oviedo cuando el subcomisario comunicó que se estaba gestando un golpe de Estado en mayo del 2000.
El mismo dato manifestó Latorre haber recibido del capitán Oscar Gómez, secretario del entonces ministro de Defensa. Aparentemente, todo el clan sabía lo que sucedería la noche del 18 de mayo del 2000. El único despistado parecía ser Bower.
Latorre abundó diciendo que conoció a Gamarra y al suboficial Ríos en la investigación del homicidio del Dr. Argaña y que ellos le suministraron informes para la localización y posterior detención de los autores materiales Luis Rojas y Fidencio Vega en Buenos Aires.
El tal Ríos sería un policía muy allegado en esa época al senador "Pancho" de Vargas, acusado de haber ofrecido testimonio falso en el caso Argaña, al igual que Bower y Planás, declaraciones que -junto a las de Gumercindo Aguilar, entre otros- sirvieron de base para seudolegalizar las implacables persecuciones a políticos oviedistas.
Menciona también Latorre en su declaración que en una oportunidad viajó a Ciudad del Este en compañía del juez Jorge Bogarín y del fiscal Marco Alcaraz (promovido a fiscal general adjunto) y Javier Cazal para dirigir el allanamiento del edificio donde a mediados del 2000 se sospechaba que se encontraba el general Oviedo, con lo que demostraba el poder que tenía sobre el juez de la causa y los fiscales involucrados.
PARTE 4
GAMARRA TRATÓ DE ABRIRSE DEL GRUPO DE "ÉLITE"
En su testimonio ante la fiscalía (ante sus subordinados), el fiscal general del Estado afirmó el pasado 17 de junio de 2002 que conoció a Javier Cazal "cuando se desempeñaba como director de Seguridad de la Vicepresidencia de la República" y que este colaboró en la ubicación o localización de quienes aparecían como sindicados de ser autores materiales del homicidio del Dr. Luis María Argaña. Relató que, a ese efecto, Cazal se trasladó hasta la ciudad de Buenos Aires y contactó con miembros de la Policía Federal y que con las informaciones recogidas ahí y desde Asunción consiguió la captura de Luis Alberto Rojas y Fidencio Vega.
Posterior a eso, "Cazal también colaboró con el grupo de investigación que logró aportar los datos necesarios para que la Policía Federal del Brasil localizara y aprehendiera a Lino César Oviedo, quien también se encontraba procesado y con orden de captura en el magnicidio", develaba Latorre a sus empleados de la fiscalía, en este caso, los agentes fiscales Juan Carlos Duarte Martínez, Gloria Elizabeth Benítez y Edgar Sánchez.
Según se desprende de su declaración, sin el concurso de Javier Cazal nada hubieran podido realizar ni argentinos ni brasileños para ubicar a los supuestos magnicidas.
Latorre no mencionó quién autorizó a Cazal sus incursiones clandestinas en territorio extranjero ni dio nombres de autoridades argentinas y brasileñas que se prestaron a colaborar y a aprehender a los supuestos delincuentes.
En su otro testimonio ante la justicia policial dos años antes, el 13 de junio de 2000, el hoy fiscal ventilaba sus extrañas y llamativas influencias con los centros de poder militar, policial y civil.
Afirmó que participaba de reuniones de gabinete en Mburuvicha Róga, con González Macchi, Bestard, Bower, el comisario Cantero y otros, "para conversar sobre los atentados a la ANDE y los rumores de golpe de Estado" (el abogado de los Argaña parecía tener más información e influencia que cualquier otro en el círculo áulico del poder).
Llamativamente, los miembros del grupo "de élite", imputados por diferentes causas judiciales, fueron beneficiados en tiempo récord -tres semanas- con sobreseimientos, Gamarra imputado por el caso de los dirigentes políticos Arrom y Martí, su amigo personal Javier Cazal imputado por la misma causa (ni siquiera privado de libertad) al igual que el teniente coronel Mario Restituto González.
Completan el lote, el mayor Enrique Kike Sarubbi Flores, alias Kike Flores, quien entre otras causas soporta una demanda por una millonaria estafa -que estaría a punto de ser cerrada por la casi nula participación del Ministerio Público-, y el embajador Alfieri, fotografiado durante los luctuosos sucesos de marzo del 99 portando un arma del ejército, justamente en el lugar donde fallecieron siete manifestantes y que, pese a las sospechas, fue premiado como embajador en Sudáfrica.
El entonces mayor Mario Restituto González, en sus declaraciones a la justicia policial, en presencia del subprocurador Francisco Recalde y del abogado Tarek Tuma, un colaborador del que fuera juez de la causa, Jorge Bogarín, relató que en uno de los tantos viajes clandestinos realizados por el grupo de "élite" a Foz para "proseguir la investigación del caso Argaña", el subcomisario les informó a él y a Cazal que "quería abrirse de la situación porque estaba volviéndose peligrosa, a lo cual nosotros nos negamos".
Gamarra posiblemente era consciente de las graves consecuencias que podía traer aparejado el descubrimiento por las autoridades brasileñas del grupo clandestino, pero se dio cuenta de que ya no podía abandonar la corporación a la que se introdujo sin evitar el riesgo de una represalia.
Manifestó González que las órdenes recibidas del Presidente de la República y del ministro de Defensa eran que el subcomisario "continuara con el trabajo y que prosiga con todas las garantías del caso, como infiltrado".
Incluso, reconoció que tanto él como Cazal le indicaron a Gamarra que siguiese en el grupo y que eligiese como "objetivo" la captura del entonces ministro Walter Bower, "porque nos daría la seguridad de que la misión no iba a ser cumplida y que el golpe de Estado iba a ser abortado".
¿Cómo es que si realmente estaban al tanto de todo y manejaban datos de primera mano, fueron tomados "desprevenidos", como se ha intentado hacer creer? ¿O el golpe fue realmente un autogolpe como toda la opinión pública sospechó desde un principio?
En un reciente testimonio, el 8 de agosto de 2002, el mayor Restituto González manifestó que no tenía ningún vínculo ni interés con las partes, porque al subcomisario Gamarra lo conocía nada más porque era parte del equipo investigador de la muerte de Argaña y por ese motivo acudía al Ministerio de Defensa Nacional, donde él (González) trabajaba.
En ningún momento mencionó, como en su anterior testimonio, que no solo eran muy amigos, sino que incluso formaban parte del mismo grupo responsable de las incursiones clandestinas a territorio extranjero.
Igualmente mencionó que a Javier Cazal lo conoció en las mismas circunstancias que a Gamarra, obviando mencionar que juntos realizaban operaciones al servicio de "las altas esferas".
Dijo en cambio que dependía directamente de González Macchi por formar parte del Servicio Nacional de Inteligencia de la Presidencia de la República. El militar dijo que trató de explicar a Bower y a su ayudante, el comisario Agüero, el papel que le cupo a Gamarra, "pero brevemente porque era muy asediado por la prensa".
Gamarra es un policía que se desempeñaba como jefe del Dpto. de Control de Automotores cuyo nombre permanentemente ha aparecido relacionado con casos de detenciones, allanamientos y delitos contra los derechos humanos. En tiempo récord se ha ido desligando de la última acusación por el caso secuestro y tortura de Arrom y Martí.
Confesó en su declaración a la justicia policial que realizó trabajos de investigación, localización y espionaje en territorio brasilero, específicamente en Foz de Yguazú, en compañía del mayor Restituto González y de Javier Cazal, entre otros.
PARTE 5
INSTRUCCIONES DIRECTAS DE NELSON ARGAÑA Y GONZÁLEZ MACCHI
En su testimonio ante la Fiscalía, el 21 de junio de 2000, Nelson Argaña confirmó que existía un grupo "de inteligencia" que operaba en el ministerio a su cargo y que, entre otros, lo conformaban Javier Cazal, el capitán de corbeta Oscar Gómez, el subcomisario Antonio Gamarra y el mayor Mario Restituto González.
Relató que, en el año 2000, el Comando de las Fuerzas Militares, a cargo del almirante Ocampos Alfaro, realizó un seguimiento de las actividades privadas de varios militares, entre ellos, Lino Oviedo y sus "adherentes" Woroniecki, Yegros Macías, Velázquez Steger, Varela, Maidana Kunzle y otros, además del Dr. Max Narváez Matto. Era claramente la nómina parcial de los enemigos del régimen que debían ser castigados o eliminados sin respetar ninguna ley, norma constitucional o tratados internacionales. Sin estar en la cadena de mando, el tiranuelo que prohijó el golpe parlamentario que derrocó a Raúl Cubas en marzo de 1999 se sentó sobre los reglamentos militares e impartió órdenes sobre la cúpula militar.
Como ir al patio trasero de su casa, de acuerdo a su testimonio, ordenó por ejemplo a su ayudante, el mayor Leguizamón, que se traslade a la Fuerza Aérea, específicamente a la Unidad Primera Brigada, donde estaban depositados los aviones de combate para pilotar una de las aeronaves durante la comedia del golpe del 18 de mayo.
No tenía necesidad de pedir permiso al comandante del arma (el general del Aire Ovando) para que su ayudante volara un avión de combate.
En la madrugada del 19 de mayo, sin formar parte de la cadena de mando, se presentó a la sede de la Primera División de Caballería, donde usurpó las funciones de comandante en Jefe, de juez y policía. Ordenó que le habilitaran una oficina, donde en compañía de "sus hombres", el mayor Aparicio, el mayor Restituto González, el capitán Gómez, Javier Cazal, el coronel Miguel López, el mayor Leguizamón, el mayor Oscar Elías (retirado), el embajador Lincoln Alfieri, Gabriel Chase y otros, ordenó el arresto de militares discriminando entre los genuflexos y el resto.
Con petulancia, dijo en su testimonio que recibió "parte" de los generales ahí presentes, quienes fueron cumpliendo las órdenes que fue impartiendo.
Vale hacer notar que el subcomisario Gamarra, en su testimonio a la justicia policial sobre aquella comedia de golpe, entró en serias contradicciones al tratar de vender la imagen de "infiltrado" entre los "conspiradores".
Dijo que le llamó a Cazal -que se encontraba en Foz de Yguazú a la "caza" de Lino Oviedo- y le señaló: "Ahora comienza el operativo", como si supiera todo lo que iba a pasar de ahí en adelante.
Gamarra aclaró que las instrucciones que él recibió del Presidente de la República y de Nelson Argaña era que cualquier dato que tuviera lo pasara a Javier Cazal al teléfono 0971-263 940 o al 0971-225 673, y en caso de no ubicarlo debía ponerse en comunicación con el mayor González al teléfono 0971-281 560, o con el capitán de corbeta Oscar Gómez al teléfono 0971-259 570, o con el Dr. Latorre, actual fiscal general del Estado.
Pero también dejó en claro que se reunía con el hoy fiscal general en el propio domicilio de éste, en 22 de Setiembre casi Manuel Domínguez de nuestra capital.
Si bien en su testimonio del 13 de junio de 2000, siendo abogado de la familia Argaña, Oscar Latorre prestó testimonio ante la Justicia Policial a fin de salvar a uno de sus hombres, dos años después, el 17 de junio de 2002, siendo ya fiscal general del Estado, afirmó bajo juramento de decir la verdad que al subcomisario -de frondosos antecedentes- solamente lo conocía como policía.
El 17 de agosto de 2001, sin embargo, Latorre suscribió una felicitación en la que le expresó el reconocimiento por la dedicación y el rigor profesional al servicio de la investigación que concluyó con la detención de Luis Alberto Rojas, uno de los sospechosos del asesinato de Argaña. Gamarra posee frondosos antecedentes.
Nelson Argaña, desde su cargo de ministro de Defensa, se vanagloriaba de liderar un grupo que en forma clandestina hacía escuchas telefónicas en territorio brasileño.
En su libro "Magnicidio en la Diagonal", Osvaldo Bergonzi, actual portavoz de González Macchi en el Palacio de Gobierno, relató que Nelson Argaña no solamente lideró el grupo de "élite" que realizaba operativos clandestinos en territorio argentino y brasileño, sino que interrogaba personalmente a los detenidos, demostrando de esa forma su desprecio por la ley y la Constitución.
Bergonzi relata que utilizaron equipos sofisticados para rastrear llamadas telefónicas a fin de ubicar a Lino Oviedo. Las escuchas no solamente se hicieron de manera ilegal, sin previa anuencia judicial, sino en territorio brasileño. Allí usaban chalecos antibala y operaban libremente con la colaboración no oficial de policías del país vecino, como en los tiempos de la Operación Cóndor en la década de los setenta y los ochenta. Varias de esas llamadas fueron ventiladas a través de radioemisoras amigas del régimen.
Incluso señala Bergonzi que el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso envió gente con un equipo sofisticado para las escuchas telefónicas que al final no pudieron usar.
PARTE 6
LOS NOMBRES DE LA IMPUNIDAD IGNORADOS POR LA JUSTICIA
Al finalizar esta serie, reproducimos más abajo los nombres de personas que una investigación seria no debe olvidar para llegar a la verdad sobre la existencia de una verdadera organización delictiva que practicó el terrorismo de Estado con absoluta impunidad en los últimos tres años y que incursionó libremente en territorio de nuestros vecinos Argentina y Brasil en forma ilegal, con la ayuda de policías, militares y civiles de esos países, sin que se registraran tales actividades irregulares, donde el principal objetivo fue el enemigo número uno del régimen, el general Lino Oviedo.
El ex juez Jorge Bogarín permitió que la investigación del magnicidio fuera manejada por Oscar Latorre y Nelson Argaña.
El Gral. del aire Ovando tuvo que estar al tanto de este grupo clandestino porque operaba desde el Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea.
Gladys Maubet, la esposa del ex ministro Silvio Ferreira, catalogó al grupo en cuestión como muy serio "porque participó de la captura de Lino Oviedo en Brasil", cuando, por caridad, reveló que los activistas izquierdistas Juan Arrom y Anuncio Martí se encontraban en manos de ese grupo parapolicial liderado por Cazal.
Los policías procesados por extrañamiento y tortura de Juan Arrom y Martí tienen entre sus defensores al apoderado del Movimiento Reconciliación Colorada y ex juez Rubén Candia Amarilla.
Los que componen el grupo "de élite" concurren al mismo centro médico, el Sanatorio San Benigno, presuntamente de allegados a González Macchi y Nelson Argaña.
Han pasado por ahí Javier Cazal y el mayor Enrique "Kike" Sarubbi, entre otros, de la mano de un médico, hermano de un juez penal de Lambaré, de apellido Yaryes, quien sería un amigo de infancia de los Argaña.
Varios policías y militares componentes del grupo poseen pésimos antecedentes, salpicados con sumarios y hasta procesos. Nunca han sido separado de sus cargos.
Por ejemplo, el comisario Servián fue sumariado, entre otros, por tortura, amenaza, chantaje y por vender objetos robados .
El suboficial 1º Schémbori, por apropiación indebida de objetos, transgresión de los deberes policiales y falta de comunicación de procedimientos.
Gamarra fue procesado en varias causas por tortura, atropello de domicilio, robo, amenaza de muerte e intento de golpe de Estado, el oficial 1º Martínez por permitir el ingreso ilegal de chinos rojos y falta a los deberes policiales, el oficial inspector Alderete y el oficial inspector Gómez, por negligencia y faltas en el servicio.
El mayor Sarubbi está señalado por estafa. Más recientemente, en su estancia -con pista de aviación- fueron encontrados cigarrillos y medicamentos que eran comercializados ilegalmente.
Según distintos testimonios documentados de sus integrantes, los uniformados estaban a cargo de Javier Cazal, de Oscar Latorre como coordinador, Nelson Argaña como líder y González Macchi como el responsable de la conformación del grupo que se encargó de capturar a decenas de opositores inocentes.
Latorre dijo que los supuestos magnicidas estaban identificados y que por eso el clan comisionó a Cazal y el mayor González a la Argentina, para ubicarlos y capturarlos.
Ni aun así liberaron a otros procesados inocentes privados de su libertad. Algunos mordieron la prisión hasta por dos años.
El fiscal Marcos Alcaraz, compadre de Nelson y Jesús Argaña, fue promovido a fiscal general adjunto. Fue uno de los impulsores de la persecución instrumentando testigos falsos como el caso específico de Gumercindo Aguilar, a quien incluso le dio "una ayudita" para el pasaje.
Por otra parte, el procurador general adjunto Francisco Recalde, en su calidad de tal, hizo las veces de abogado de los policías, militares y civiles del grupo que iban declarando ante la justicia policial, desatendiendo los intereses de su función.
Javier Cazal se jactaba de tener ascendencia sobre policías y militares en actividad a su cargo para las operaciones clandestinas, nexo directo con "Lucho" González Macchi y Nelson Argaña u Oscar Latorre, los hombres más poderosos del país, a cuyo servicio estaban la administración de justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, hasta la Procuraduría General de la Nación.
Tanto fue el interés de González Macchi y Nelson Argaña en defender ante la justicia policial a uno de los hombres claves de la organización, el subcomisario Gamarra, que enviaron al abogado Latorre, a Cazal Elizeche y al mayor Mario Restituto González Benítez a prestar testimonio a su favor.
Cazal, con la impunidad que tenía al ser encargado del grupo, apareció personalmente portando armas y violentando innecesariamente recintos privados, generalmente con su compañero de grupo, el subcomisario Gamarra.
Se encargó de la investigación del megaasalto, cuando en realidad los nombres de varios de sus conocidos y amigos saltaron al tapete como sospechosos.
Un dato: Cazal fue quien manejaba el vehículo del fiscal general -una costosa y lujosa camioneta Toyota Land Cruiser- cuando volcaron y fallecieron la fiscala encargada del caso y el policía Meza Pintos.
Entre los colaboradores del grupo se encuentran muchos policías, militares y civiles, todos ellos funcionarios públicos, quienes subterráneamente realizaban los "trabajos".
Entre los militares que deben ser investigados, figuran el mayor Mario Restituto González, el capitán de corbeta Oscar Gómez, el mayor Ricardo Aparicio, el mayor Enrique "Kike" Sarubbi Flores (alias "Kike" Flores), el mayor de aviación Leguizamón, el mayor retirado Oscar Elías, el teniente coronel Miguel Aquino, el coronel Porfirio Ramírez, el teniente coronel Alfredo Machuca, el mayor José Duarte, entre otros.
Entre los policías, están el subcomisario Gamarra, el suboficial Agustín Ríos, comisario "Patrón" Servián, oficial inspector Nelson Alderete, oficial inspector Julio Díaz, oficial inspector Elías Gómez, oficial 1º Feliciano Martínez, suboficial Gustavo Limenza, suboficial Pablo Morínigo, suboficial José David Schémbori, oficial inspector Arsenio Correa, suboficial Ochowlazki (condenado por un cruel asesinato), entre otros.
