OEA PRESIONA AL GOBIERNO SOBRE DERECHOS HUMANOS

Oea amplia pedido de medidas cautelares a favor de detenidos

La Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) amplió su pedido de medidas cautelares al gobierno paraguayo a favor Víctor Colmán, Ana y Jorge Samudio. Ellos están acusados por la Policía y la Fiscalía del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

El pedido de la CIDH surge ante los indicios claros de que instituciones policiales y judiciales que investigan el caso del secuestro estarían violando derechos humanos y procesales de los detenidos .

De hecho, Colmán y los esposos Samudio denunciaron que fueron golpeados durante su detención y hoy guardan reclusión en la misma dependencia policial donde también se encuentra preso el comisario Antonio Gamarra, acusado de secuestrar y torturar a Juan Arrom y Anuncio Martí.

Las medidas cautelares de la CIDH pretenden, ese sentido, proteger los derechos de vida y seguridad física de estas personas. Ello no implica posturas sobre sobre la inocencia o culpabilidad de las mismas en el caso del secuestro, explica Rodrigo Villagra, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Fue Codehupy quien solicitó la intervención de la CIDH para que el Estado paraguayo garantice los derechos constitucionales no solo de Colmán y los esposos Samudio sino también de Arrom y Martí, denunciados también por la Policía y la Fiscalía de participar del secuestro de Debernardi.

Las medidas cautelares implican para el gobierno de Luis A. González Macchi la adopción de medidas de seguridad física y protección de vida a favor de este grupo de personas, por un período mínimo de 6 meses.

En todo ese tiempo, el gobierno paraguayo deberá rendir un informe mensual del avance de la situación de las mismas. Si persistiera el atropello a los derechos humanos y procesales de este grupo de ciudadanos, existe la posibilidad de que el caso pase a ser "admisible" ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos.

Esto significa una suerte de "judialización internacional" del proceso que podría derivar en la promulgación por parte de la Corte, de fallos de obligatoria ejecución para el gobierno paraguayo y a favor de los afectados.

No es la primera vez que Paraguay es sujeto de medidas cautelares de la CIDH. Existen varios casos que datan de la dictadura Stronista, aunque el más reciente se remonta al año pasado cuando un juez penal ordenó el desalojo de una comunidad indígena del chaco.