CODEHUPY DENUNCIA 76 "HOMICIDIOS DE ESTADO"

Coordinadora de DDHH alarmada ante grupos parapoliciales: 76 homicidios en zonas rurales

El aumento de la sensación de inseguridad y la ausencia institucional de determinados espacios críticos, lleva invariablemente a la generación de formas alternativas de seguridad parapolicial y autogestionarias de determinados sectores de la población. Esto, no necesariamente se traduce en mayor seguridad, sino todo el contrario, como muestran los 76 homicidios de dirigentes campesinos no aclarados, que se generaron desde 1989.

La Coordinadora de Derechos Humanos en el Paraguay (CODEHUPY) se muestra particularmente preocupada ante el activismo de grupos parapoliciales que operan en zonas rurales, sostenidos por propietarios de tierras, bajo la aquiescencia del Estado, y, en determinados casos, la colaboración de la institución policial. En algunas zonas del país, como en el norte de Concepción o determinados puntos de Caazapá o San Pedro, la "seguridad" sólo depende de estos grupos.

En lo que va de la transición (desde 1989), estas agrupaciones, en varios casos con colaboración de la policía o la propia policía actuando a solas, fueron responsables del homicidio de al menos 76 miembros de organizaciones campesinas, muchos de los cuales fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales selectivas en emboscadas, Según CODEHUPY.

De tal forma, en 13 años de transición fueron registrados 76 homicidios de dirigentes campesinos no aclarados, un homicidio cada 2 meses. Las organizaciones de DD. HH. hacen hincapié en el hecho de que este número muestra los casos que llegaron al conocimiento público, pero que puede haber un número importante aún de casos desconocidos.

Indudablemente, cualquier política de seguridad con enfoque en los derechos debe partir de un fuerte trabajo con base comunitaria, pero el mismo no debe pasar por la parapolización de la sociedad civil.

LEYES E INICIATIVAS LEGALES

La democracia tiene vínculos indisolubles con la seguridad ciudadana. Sólo en condiciones de ejercicio pleno de la ciudadanía es posible generar circunstancias que permitan a la sociedad garantizar su seguridad colectiva, como el respeto de las libertades fundamentales de cada uno de sus miembros.

En este sentido, debe resistirse toda posibilidad de sanción de legislaciones de seguridad ciudadana que establezcan límites a las libertades públicas, por encima de la legislación penal ordinaria.

El Código Procesal Penal ya establece suficientemente a ocho supuestos de detención preventiva de personas por causa de una imputación penal, a los fines de asegurar la investigación fiscal o con fines de extradición, fuera de los cuales es imposible plantear otros supuestos que no sean inconstitucionales.