TODAS LAS DUDAS SOBRE EL FISCAL DEL ESTADO LATORRE

Bajo el dedo acusador
(Fuente Última Hora)

El fiscal general del Estado, Oscar Latorre, está en el centro de la crítica. El Congreso y los organismos de derechos humanos lo acusan de complicidad en el caso Arrom-Martí y connivencia en el expediente María Edith, por lo que piden su enjuiciamiento. Desempeños poco claros adornan su gestión.

Muchas de las acciones emprendidas en el pasado y en la actualidad tienen al representante del Ministerio Público como un profesional y una autoridad con manejos desprolijos y en algunos casos poco apegada a la legalidad.

Los casos Debernardi y Arrom-Martí terminaron por poner a Latorre bajo el dedo acusador.

La plenaria de la Cámara de Diputados lo responsabiliza en las torturas y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay agrega flagrancia en violaciones de garantías constitucionales y debido proceso en las investigaciones que llevan adelante sus fiscales Hugo Velázquez, Cinthia Lovera y Sandra Quiñónez.

En el pasado Latorre siendo abogado y luego máximo representante del Ministerio Público desarrolló tareas que estuvieron bajo desconfianza y sospecha de la ciudadanía.
 

TENTÁCULOS

Uno de los últimos elementos que ponen al fiscal general a tiro de crítica aparece en un expediente de la Justicia Policial y describe su vinculación con el subcomisario Antonio Gamarra _detenido y procesado por el secuestro y tortura a Martí y Arrom_ y Javier Cazal, director del Centro de Investigación Judicial (CIJ), identificado por Martí como uno de los que estuvieron en el centro de torturas.

Bajo bendición del presidente Luis González Macchi y Nelson Argaña, en el 2000, Latorre, como abogado de la familia Argaña, integró _junto a Gamarra y Cazal_ el equipo de tareas de espionaje, persecución y detención de personas en Brasil y Argentina, en el caso magnicidio en el que se acusaba de autor intelectual a Lino Oviedo. Ese equipo posteriormente produjo la captura del ex militar.

El hoy fiscal general abogó luego _conjuntamente con Cazal (entonces funcionario de la Presidencia)_ por el subcomisario Gamarra cuando fue destituido bajo acusación de implicancia en el intento de golpe de mayo de 2000. Esa intercesión eximió al policía del cargo alegando en su defensa tarea de contraespionaje.

Cuando fue nombrado al frente del Ministerio Público, Latorre designó a Cazal como director del CIJ y se convirtió en su mano derecha y principal gestor en el caso secuestro.

Latorre tuvo otras acciones llamativas. Ahora cuando las críticas arreciaron contra su equipo de fiscales y de la CIJ _al igual que la Policía_, ratificó su confianza en ellos pese a las denuncias de violaciones legales y de derechos humanos; y como colofón nombró como director de la investigación al fiscal Rubén Riquelme, quien le favoreció en un caso contra indígenas del Chaco en el 2000 siendo aún abogado.
 

Algunas "perlas" de Latorre

Indígenas del Chaco

En el 2000, poco antes de ser fiscal general, Oscar Latorre defendió a Oscar Caríssimo Netto en un caso de atentado con armas en contra de indígenas acampados a la vera de la propiedad del ex banquero sobre la ruta que une Pozo Colorado-Concepción. El caso, denunciado internacionalmente, fue congelado y dejado sin efecto por el fiscal Rubén Riquelme. Riquelme es hoy director de la tarea de los fiscales en el caso Debernardi, por disposición de Latorre.
 

Caso Fretes Ventre

En el sonado caso del ex contralor Daniel Fretes Ventre, Latorre _a poco de asumir_ opinó en contra del allanamiento hecho a la universidad UTCD donde hubo todo tipo de ilícitos. El dictamen del fiscal general contradijo en ese momento un pedido del entonces fiscal de delitos económicos, Fernando Casañas Levi, que investigaba el caso.
 

Desvío de US$ 16 millones

Latorre fue acusado de interferir en la investigación del sonado caso del desvío de 16 millones de dólares de los bancos Oriental y Unión a cuentas de John Tulac en EEUU. Recibió y retuvo un informe de Financial Crimes solicitado por el fiscal que atendía el caso, Fernando Casañas Levi. Semanas después Latorre entregó el documento cuando la prensa lo denunció. Además mantenía reuniones _sin conocimiento del fiscal de la causa_ con el presidente González Macchi, Jaime Bestard y Julio González Ugarte (procesado en el caso). Casañas Levi renunció por trabas a su labor.
 

Contrabando de pieles

En el caso del contrabando de pieles que involucró a unidades militares del Chaco, el fiscal Oscar Latorre desautorizó el operativo de allanamiento realizado en un cuartel castrense aduciendo que la Justicia no tenía competencia para realizar ese tipo de tareas en unidades militares. Como derivación, sustituyó a la fiscala Bernarda Alvarez, encargada del caso.
 

Mordaza a Resck

Con un comunicado oficial del Ministerio Público se intentó acallar al defensor de derechos humanos Luis Alfonso Resck cuando este, en su carácter de asesor del mismo Ministerio Público, denunció la desaparición de Juan Arrom y Anuncio Martí, acusando la vigencia del terrorismo de Estado. Para su recontratación, Latorre le presentó un contrato donde establecía que debía pedirle permiso para hacer declaraciones públicas. Resck renunció en consecuencia.
 

Testigo falso

El hoy fiscal general, siendo aún abogado de los Argaña tras el magnicidio, preparó y basó su acusación en la declaración del testigo falso, Gumercindo Aguilar. Sobre este mismo elemento construyó el pedido de extradición de Lino Oviedo a los tribunales brasileños. Este defecto de falsedad testimonial _entre otros puntos_ provocó el fracaso de la operación internacional.
 

Con Gamarra y Cazal

Antes de ser fiscal, Latorre ya mantenía vínculos con el subcomisario Antonio Gamarra (procesado por secuestro y torturas a Arrom y Martí) y Javier Cazal, director del CIJ (identificado por Martí en el centro de torturas). Todos integraban el equipo de operaciones paralelas _con conocimiento de González Macchi y Nelson Argaña_ en el caso que investigaba el asesinato de Luis María Argaña. Cazal admitió que realizaban operativos de espionaje y detención sin ser policías, en Brasil y Argentina. Latorre y Cazal abogaron por Gamarra cuando fue destituido por el intento de golpe de mayo del 2000. Dijeron que era un doble agente.
 

Caso Debernardi-Arrom-Martí

Pese a las dudas existentes sobre el trabajo de los fiscales del caso (Hugo Velázquez, Sandra Quiñónez y Cinthia Lovera) y sospechas de su complicidad por omisión en las torturas, Latorre los ratificó en el caso. Lo mismo hizo con los funcionarios del CIJ cuyo director fue identificado por los secuestrados Arrom y Martí. Finalmente nombró como auditor de la tarea al fiscal Rubén Riquelme, quien en el 2000 congeló un caso a favor de Latorre apañando un hecho de violación de derechos humanos.
 

Auto "mau"

Cuando el fiscal Alejandro Nissen comenzó a profundizar la investigación del BMW robado que tenía el presidente de la república González Macchi, Latorre dispuso su traslado a la jurisdicción de Ciudad del Este. Esto duró poco porque presiones de la prensa y la ciudadanía revirtieron la decisión.