El presidente de la República, Luis González Macchi, y el fiscal general del Estado, Oscar Latorre, son responsables de la reedición del terrorismo de Estado, por lo que deben ser enjuiciados políticamente. Así sostiene la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay en un documento dirigido al Congreso.

El organismo humanitario inició de esta manera una campaña de firmas que apunta a lograr que los parlamentarios procedan a aplicar los mecanismos constitucionales existentes para depurar el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público.

Según Codehupy, el fiscal Oscar Latorre es pasible de enjuiciamiento y destitución por "mal desempeño en sus funciones, su responsabilidad institucional y participación en graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en ocasión del ejercicio del cargo, así como la eventual comisión de delitos comunes".

En tanto, sostiene el organismo de DDHH, el presidente Luis González Macchi "tiene una responsabilidad directa en razón de ser constitucionalmente la máxima autoridad de los organismos de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional".

Asimismo, sostiene Codehupy, el mandatario, como mandante de las fuerzas públicas "conocía lo que estaba sucediendo en el marco de los operativos desplegado por una de las fuerzas que comanda, o en su defecto, tenía la obligación de conocer en virtud de su responsabilidad directa en la elección de sus ministros y de los comandantes de la Policía, basado en el principio de responsabilidad delegada que se extiende al que delega por los actos ilícitos de sus delegados".

OTRA CAMPAÑA

El partido País Solidario, liderado por Carlos Filizzola, también lanza a la ciudadanía una solicitud oficial de juicio político al presidente de la República, Luis Angel González Macchi, "por la causal de mal desempeño en sus funciones, su responsabilidad institucional y participación en graves violaciones a los derechos humanos, así como la eventual comisión de delitos comunes".

La campaña se lanza en la fecha, a las 8, en el local de País Solidario, sobre la avenida Quinta, por parte de Carlos Filizzola y los diputados Rafael Filizzola y Julio Perrota.

¿COMPLICIDAD?

"El fiscal general no hizo nada para garantizar la integridad de los sospechosos ni para investigar su desaparición y tortura, por el contrario confirmó a los fiscales acusados de estar en conocimiento de estos hechos".