CAZAL DEBE PRESENTARSE, SI NO IRÁ A LA CÁRCEL

Cazal debe presentarse al juez, si no, irá a la cárcel
(Fuente ABC Color)

El juez de garantías Gustavo Gorostiaga procesó ayer al ex director del Centro de Investigación Judicial, Javier Cazal, por el secuestro y torturas sufridas por los activistas de Patria Libre Juan Arrom y Anuncio Martí. La imputación presentada por el fiscal Fabián Centurión da cuenta de que Cazal debe responder ante la justicia por privación ilegítima de la libertad, desaparición forzosa y torturas.

En su presentación, el representante del Ministerio Público también solicitó la imposición de medidas alternativas de prisión, tendientes a asegurar el sometimiento de Cazal al proceso y la no obstaculización de la investigación. Prohibición de concurrir al Centro de Investigación Judicial, prohibición de salir del país, obligación de presentarse periódicamente en tribunales y caución real no inferior a los 100 millones de guaraníes constituyen las medidas cautelares requeridas por la fiscalía.

Ayer, tras disponer el procesamiento del ex funcionario judicial, el magistrado Gorostiaga fijó una audiencia para el próximo lunes, a los efectos de expedirse acerca de la viabilidad o no de las medidas cautelares. La diligencia será llevada a cabo a partir de la 13:00, ante el juzgado de garantías Nº 4.

Asimismo, el fiscal Centurión hace la salvedad de que dichas medidas deben ser aplicadas sin perjuicio de que la fiscalía solicite posteriormente una eventual prisión preventiva, en caso de que considere necesaria la restricción de la libertad del ex funcionario ahora imputado.

''Pueden señalarse las numerosas diligencias realizadas, en el marco del expediente, que acreditan una intensa participación del Centro de Investigación Judicial con los referentes del Departamento de Investigación de Delitos, que han sido procesados o que aún no procesados, están sujetos a investigación por esta representación fiscal'', sostiene Centurión.

Específicamente, el representante de la sociedad hace referencia a la estrecha vinculación de Cazal con los agentes policiales procesados con relación al caso, el subcomisario Antonio Gamarra y el oficial José David Schémbori. A la fecha, ambos se encuentran privados de su libertad.

La denuncia que dio origen al proceso fue formulada ante la fiscalía por Marta y María Cristina Martí el 24 de enero pasado, siete días después de la desaparición de los activistas de Patria Libre.

Arrom y Martí, ambos imputados por su presunta responsabilidad en el secuestro de María Edith de Debernardi, fueron hallados el 30 de enero pasado por sus familiares en una vivienda de Villa Elisa. En declaraciones ante la fiscalía, los activistas dijeron haber sido secuestrados de las inmediaciones del CIJ, ubicado en Lugano casi Colón y posteriormente derivados a la casa donde se los encontró, en la que denunciaron haber sido víctimas de privación ilegítima de libertad y torturas.

LO QUE DICE EL FISCAL CENTURION

"El señor Javier Cazal habría consentido las lesiones y los apremios físicos realizados en contra de los señores Juan Arrom y Anuncio Martí".

"El señor Cazal habría ocultado datos a la justicia, llámese Ministeio Público o juzgados penales, permitiendo que los procesados permanezcan sin ningún tipo de comunicación con el mundo exterior".

"También cuenta con numerosas denuncias de tortura, que necesitan una cabal investigación".