IMPUNIDAD TOTAL PARA LOS TORTURADORES (1)

Fiscales piden sobreseimiento de imputados en el caso Arrom-Martí
(Fuente ABC Color)

Como estaba anunciado desde un inicio de la investigación, los fiscales del caso Arrom-Martí pidieron al juez Pedro Mayor Martínez el sobreseimiento definitivo de tres imputados. Además, requirieron la desestimación de la querella contra los ex ministros Silvio Ferreira y Julio Fanego, como también del fiscal Hugo Velázquez.

Los representantes del Ministerio Público basaron su pedido en que no se comprobó que ocurrió el secuestro el 17 de enero de 2002.

Javier Cazal, quien había pedido permiso a su cargo de director del Centro de Investigación Judicial (CI), dependiente del Ministerio Público (concedido con goce de sueldo), el subcomisario Antonio Gamarra y el suboficial José Schémbori, ex miembros del departamento de Investigación de Delitos, no fueron acusados por los fiscales Juan Carlos Duarte, Edgar Sánchez, Adolfo Marín y Rubén Villalba.

Los cuatro fiscales, con fuerte custodia policial, presentaron el requerimiento de 90 hojas a las 23:55 del sábado pasado, en la oficina de atención permanente del Palacio de Justicia, a cinco minutos del vencimiento del plazo establecido por la Cámara de Apelaciones para la conclusión de la investigación de este caso que duró doce meses.

"El Ministerio Público llegó a esta conclusión debido a la insuficiencia de pruebas que tornen viable una acusación en contra de los mismos", dijo el fiscal Sánchez, en una improvisada reunión de prensa realizada en la madrugada de la víspera, de la cual participó también su colega Marín.

Añadió que las declaraciones de Arrom y Martí no fueron suficientes para pedir la elevación del caso a un juicio oral y público. "Para que una prueba sea válida dentro de un proceso penal, debe estar corroborada por otros elementos. En este caso solamente tenemos las afirmaciones de ellos sin ningún sustento".

Fundamentó que Arrom y Martí declararon que Cazal y Gamarra participaron el 17 de enero en su secuestro frente a la entonces sede del CIJ, ubicado en Lugano y Colón a las 22:00. Sin embargo, ambos presentaron testigos calificados, publicaciones periodísticas, extractos de llamadas que comprueban que estuvieron en otros lugares a esa hora.

En lo que se refiere a Schémbori, el fiscal Marín dijo que el policía acreditó suficientemente con declaraciones de testigos y fotos que el 30 de enero estuvo en el cumpleaños de su sobrina en Ypané y que no tenía barbas. Ese día fueron hallados Arrom y Martí en una vivienda de Villa Elisa.

El periodista de Ñandutí Aníbal Emery declaró que vio al policía en ese lugar, pero su colega Karina Benítez de Telefuturo, quien también realizó la misma cobertura, indicó que no pudo ver a nadie, más que los autos que salieron de la casa y se alejaron del lugar con los vidrios cerrados y polarizados.

El fiscal Marín afirmó que tampoco a través del video de Telefuturo se puede determinar que es Schémbori la persona que aparece en la casa.

No serán procesados Julio Fanego, Silvio Ferreira, ni Hugo Velázquez

La desestimación de la querella contra el político Julio César Fanego, el diputado Silvio Ferreira y el fiscal general adjunto Hugo Velázquez fue solicitada por los fiscales del caso Arrom-Martí al juez Pedro Mayor Martínez.

Los activistas de Patria Libre querellaron a Ferreira y Fanego por su supuesta participación como autores intelectuales del secuestro y tortura. Ambos eran miembros del Poder Ejecutivo en aquel entonces.

Fanego era ministro del Interior y Ferreira de Justicia y Trabajo, hasta que como consecuencia de las denuncias en su contra decidieron presentar renuncias.

Según los querellantes también Velázquez estuvo involucrado en el hecho. Este fiscal dirigió las investigaciones del caso María Edith desde un primer momento.

Los fiscales señalaron que los querellantes no arrimaron evidencias en contra de los tres, por lo que no corresponde imputarlos.

La causa quedó abierta para el subcomisario Francisco Servián y otros diez policías para quienes no se agotaron las investigaciones.

Encubrimiento del terrorismo de Estado

"Este proceso de supuesta investigación dirigida por el propio fiscal general Oscar Latorre es realmente un proceso de encubrimiento del delito más grave y flagrante del terrorismo de Estado de las últimas décadas en nuestro país", dijo ayer Juan Arrom, quien agregó que los fiscales que presentaron la conclusión en su caso, más la actual jueza Gloria Benítez, son cómplices de esta situación.

El activista de Patria Libre dijo que sus abogados pidieron al magistrado Pedro Mayor Martínez que el caso se eleve a juicio oral y público. "En este momento el juez de garantía es el que tiene en sus manos o dejar en la impunidad o hacer justicia en este caso. Si agotamos todas las instancias a nivel nacional y no hay una actitud firme de la justicia paraguaya, vamos a recurrir al Tribunal Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", refirió.

Señaló que entre los denunciados estarán el presidente Luis González Macchi, el diputado Silvio Ferreira, el político Julio Fanego, el fiscal general, el militar Restituto González, el subcomisario Francisco Servián, otros policías, además de los fiscales del caso María Edith y el suyo.